C Cultura y economía son dos términos que a lo largo de la historia marcharon por separado, como líneas paralelas que, aunque podían mirarse la una a la otra, parecieran estar condenadas a no reunirse nunca. Primero como concepto holístico, referido a las relaciones del hombre con la naturaleza, los dioses y los otros hombres, luego como idea de “alta cultura” o “artes elevadas”, la cultura, o mejor dicho, las fuerzas sociales que asumieron en cada momento histórico su liderazgo, se resistió habitualmente a ser medida o cuantificada, como si la racionalidad no pudiera o debiera inmiscuirse en los laberintos de lo intangible o de las cosas que tendrían que ver más con las emociones y el corazón. Esta fue una visión predominante a lo largo de muchos siglos, pese a que pensadores como Pitágoras afirmasen en su momento que todo lo existente sobre la tierra, incluida la música, es decir, el medio más emparentado con las emociones, podía ser estudiado y construido a partir de fórmulas matemáticas.

Convengamos entonces que estamos hablando de un tema nuevo y en nuestro país casi inexplorado. Además, recién en las dos o tres últimas décadas, las nuevas constituciones nacionales aparecidas en los países de América latina, osaron introducir por primera vez, el término “cultura” en su visión más amplia y antropológica. Lo cual, pese a todo, representa un serio avance en este terreno, como lo fueron los primeros estudios que se llevaron a cabo en Estados Unidos y en Europa —a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado— sobre la incidencia de algunas actividades artísticas y culturales en la economía y el empleo de diversas ciudades.

Nos referimos a lo que constituye una de las manifestaciones más importantes, entre otras posibles, por ejemplo, las relacionadas con educación, salud. Se trata de lo que convencionalmente denominamos sector cultural, una especie de ecosistema integrado por distintos procesos de producción, apropiación y reproducción de actividades, bienes y servicios en los que prevalecen los valores simbólicos por encima de cualquier otro tipo de valor, por ejemplo, los de uso o de cambio. Ello obliga a delimitar el estudio científico de las dimensiones principales de este sector (simbólicas, económicas, políticas) y también el de los campos en que el mismo se manifiesta, en particular, los referidos a las actividades, los servicios y las industrias culturales. De lo contrario, la cultura, como concepto totalizador, se erigiría en una especie de panacea inalcanzable para la razón y el conocimiento.

Con relación al campo de las industrias culturales, el crecimiento casi explosivo que se verificó a lo largo del siglo XX hizo que, primeramente, los grandes conglomerados y las mayores compañías del sector, realizaran significativas inversiones en el estudio de su potencialidad económica —incorporando no sólo a los economistas, sino a los antropólogos, sociólogos, sicólogos y artistas— con el fin de utilizar sus resultados, manejados siempre a nivel privado, en función de una mayor rentabilidad económica y de una más refinada explotación de los mercados. Con esto, los grupos más poderosos del empresariado local o mundial ampliaron la rentabilidad tradicional obtenida con el tiempo de trabajo de las personas y lo extendieron también sobre el llamado tiempo de ocio —tiempo de otium, decían los romanos— que es donde se desenvuelven principalmente las actividades, los servicios y las industrias culturales, haciendo además de ese tiempo, lo que griegos y romanos reconocían como aschole, unos, y neg-otium, otros.

La dimensión económica de estos campos del sector cultural salta a la vista cada vez más a través de estudios e investigaciones realizadas por organismos intergubernamentales o por expertos de distintas procedencias. Por ejemplo, según el estudio realizado por el investigador español Lluís Bonet, el sector de la cultura y de la comunicación ha comenzado a vivir una transformación casi tan radical como la experimentada con la invención de la imprenta. La aparición de equipamientos multimedia, la digitalización de los formatos así como los grandes logros en las tecnologías de telecomunicaciones, comportan un cambio radical en las formas de producción y consumo. El sector cultura pasa a ser visto como una actividad clave en las estrategias internacionales de dominio de los nuevos mercados de las telecomunicaciones y el ocio; este hecho provoca un proceso acelerado de integraciones empresariales verticales y horizontales, y de globalización de las estrategias de los grandes grupos empresariales del sector. [1]

A su vez, la Oficina para Europa del Banco Interamericano de Desarrollo (bid), organismo que apenas una década atrás no tenía demasiado acercamiento a los temas de la cultura, sostenía hace sólo tres años que “las industrias culturales tienen una función fundamental en la creación de los imaginarios individuales y de las identidades colectivas y constituyen uno de los vectores principales de expresión y diálogo entre las culturas. Sin embargo, hoy en día, estas empresas culturales de Europa y Latinoamérica ven amenazadas su independencia y la capacidad de reforzar su posición, debido al proceso de concentración y a la imposición de un modelo vehiculado por la mundialización de intercambios. Estas regiones corren el riesgo de ver la cultura sometida a las leyes del mercado, y sus productos convertidos en simples mercancías. Tanto aquí como allí, intelectuales, artistas, cineastas, escritores, músicos y editores, entre otros, se niegan a considerar esta realidad como una fatalidad.”

Sea cual fuere el sistema político y económico en el cual se desarrollen las actividades, los servicios y las industrias culturales, ellas ocupan en nuestros días un lugar privilegiado en la economía, el empleo y en las políticas de desarrollo. Para la unesco, las cifras del año 2000 en el sector de las industrias culturales indicaban que éste era uno de los de mayor crecimiento a escala mundial, estimándose que su facturación habría alcanzado en dicho período la suma de 831.000 millones de dólares, previéndose, además, que la misma se elevaría en 2005, a 1,3 billones de dólares, lo que supone un crecimiento de 7,2% anual. Si a ello se suma la facturación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (ntic), recursos estratégicos cada vez más incorporados a las industrias culturales, creativas y del entretenimiento, la cifra ascendió en el año 2000 a 2,1 billones de dólares. Facturación a su vez concentrada en las naciones de mayor desarrollo si se tiene en cuenta que, según algunos estudios realizados, un 65% de la población del mundo no ha hecho nunca una sola llamada de teléfono y que existen más líneas telefónicas en Manhattan que en toda el África subsahariana.

A estas cifras deben sumarse las que devienen de la función reproductora de capital que diversas industrias ejercen en el sistema económico global, particularmente las relacionadas con la promoción y publicitación de mercancías y servicios en general, impulsoras de pautas y comportamientos culturales, cuya incidencia económica, política y social ha incentivado fuertemente las demandas y el consumo de todo tipo de bienes y servicios.

En cuanto a la participación de las distintas regiones en la facturación mundial del sector, apenas entre un 10 y un 20% del total corresponde a los territorios que no están comprendidos en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Es decir, al resto del mundo, dentro del cual se encuentran los países de América latina y el Caribe. A su vez, tratándose de intercambios internacionales, se constata para nuestra región una creciente pérdida de participación en las exportaciones mundiales. Mientras que en 1948 la presencia latinoamericana en las mismas era del 11%, ella cayó al 6,7% en 1960 y al 4,8% en 1970, para representar en 1986 apenas el 4,2 por ciento. En la actualidad, América latina y el Caribe ocupan menos del 40% del espacio que tenían en las exportaciones mundiales de 1950, pese a que en los últimos años se ha producido una indiscriminada apertura de mercados a la participación de inversores privados y se dio comienzo a la desregulación de sectores básicos de la industria y los servicios. [2]

Pero no se trata de reducir el estudio de la economía de la cultura encarando solamente la incidencia de esta en el crecimiento económico y el del empleo. Lo es también, y fundamentalmente, para los procesos de integración nacional y regional, además de lo que puede significar para la identidad y el autorreconocimiento de los individuos y las sociedades, sin cuya existencia sería poco confiable hablar de verdadero desarrollo. Desafíos que, suponemos, habrán de ser asumidos a través de estudios interdisciplinarios, no tanto para una sumatoria de disciplinas con lógicas específicas y diferenciadas, como para construir marcos teóricos y metodológicos integrales y nuevos, a la altura del objeto de estudio. El que, además, comporta dimensiones tangibles —relativamente fáciles de analizar gracias a la lógica de la economía y la estadística— e intangibles que requieren de instrumentos de análisis más complejos, por cuanto demandan de enfoques sociales, psicosociales, antropológicos y culturales. Una dualidad de campos de estudio que obliga a construir nuevas herramientas de conocimiento.

Una de las primeras tentativas de abordaje, no ya industria por industria, sino de verdaderos complejos industriales, fue el estudio que, con apoyo de unesco, organizó la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (fncl) de La Habana, en 1987, en el que se estudiaron por primera vez las relaciones existentes en la industria audiovisual (cine, televisión y video) en siete países de América latina, con el fin de contribuir a las políticas de integración sectorial y regional. Entre las conclusiones de dicho estudio, se destacaba la creciente interinfluencia de los diversos medios audiovisuales, que el desarrollo tecnológico tenderá a acentuar en los próximos años. Esto influye sobre la producción de hardware y de software, las formas de uso de las tecnologías y la circulación social y tipología de los mensajes. También se observaba que la carencia de políticas nacionales de comunicación y cultura, capaces de integrar las diversas áreas del espacio audiovisual, y éste, a su vez, integrar los procesos de desarrollo educativo, científico y tecnológico, constituye un factor que acentúa el impacto negativo de los fenómenos referidos.

Dicho estudio incentivó el empleo en la región del concepto “espacio audiovisual” —adelantado poco tiempo atrás en la Comunidad Europea— abarcador de las referidas industrias, y cuya primera manifestación institucional tuvo lugar en 1989, en Caracas, donde suscribieron varios acuerdos de coproducción, mercado común e integración cinematográfica iberoamericana, que sirvieron de base a sendas leyes nacionales, sancionadas en más de diez países de la región. Este concepto de espacio audiovisual se incorporó también a la Constitución Nacional de Argentina de 1994, y a la nueva Ley de Cine de ese país, donde también, por primera vez, comenzaron a articularse las primeras, e insuficientes, relaciones del cine con la TV y el video nacional. Con lo cual se verifica que un concepto que pueda ir más allá de lo estrictamente teórico o académico puede servir para materializarse en políticas de cambio.

En esa misma época, los países del Convenio Andrés Bello (cab) diseñaron un proyecto de estudio sobre “Economía y Cultura”, dedicado en su primera fase a la investigación de las industrias culturales, según la definición que había hecho la unesco de las mismas (radio, televisión, revistas, música, libro, prensa, cine y video). Este proyecto inició sus trabajos a partir de agosto de 1999 y contó con la participación de los ministerios y organismos responsables de Cultura de algunos países andinos, como Colombia, Perú, Chile y Venezuela. En su primer informe se sostenía que la ausencia de información confiable, adecuadamente recogida y sistematizada, es uno de los problemas para la definición de políticas públicas, planes de desarrollo y mecanismos de integración de las industrias culturales en América latina. Recientemente, el cab participó junto con los gobiernos de Colombia y Chile en la presentación de los primeros estudios sobre el impacto de las industrias culturales y la cultura en la economía de dichos países. Estudios que, en el caso de Colombia, se extendieron a la incidencia económica nacional de las industrias del cine y del disco.

A su vez, la Reunión del Parlamento Cultural del mercosur (parcum) aprobó en Montevideo, a finales de 1999, el auspicio y la promoción de un estudio sobre la incidencia económica y social de las industrias culturales para la integración regional, cuyos rasgos principales fueron asumidos meses después, en junio de 2000, durante la X Reunión de Ministros de Cultura de la región que tuvo lugar en Buenos Aires. Un año después se inició la etapa preparatoria del estudio, de tres meses de duración, durante la que se llevó a cabo la recopilación y el procesamiento de datos estadísticos, procedentes de Argentina, Brasil y Uruguay, sobre la incidencia económica y sociocultural, los intercambios y las políticas de integración regional.

Más recientemente, en 2004, lo que entonces era la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó la creación de un Observatorio de Industrias Culturales (oic), el único de este género existente en Iberoamérica, con el fin de “reunir, procesar y poner en servicio información cuantitativa y cualitativa que contribuya al mejoramiento de las políticas públicas y también al de las prácticas del sector privado, particularmente en las pequeñas y medianas empresas”. En sus tres años de vida —actualmente depende de la Subsecretaría de Industrias Culturales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires— el oic realizó investigaciones sobre la dimensión económica y el funcionamiento de este sector, produjo estudios e información permanente y periódica con relación a los problemas y avances del mismo y se constituyó en un primer referente local con relación a la incidencia de las industrias culturales en la economía, el empleo y la cultura. [3]

Un avance más significativo aún está dado por los acuerdos celebrados en el último período por los Ministros y Responsables de Cultura de los países iberoamericanos, para poner en marcha sistemas de información cultural —ejemplo de ello en el último año es el sinca, de Argentina— dentro de los cuales está previsto reunir y procesar información que, junto con la referida a las industrias culturales, se ocupará del conjunto del sector cultural.

Uno de los objetivos de esta tentativa es instalar en cada país lo que se conoce como cuentas satélites de Cultura al nivel de la que comenzó a efectivizarse este año en Colombia, y que también cuenta con proyectos en marcha en Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba, Chile y otros países, con el fin de articular cada vez más los estudios y las relaciones entre economía y cultura. Un desafío, sin duda, pero de importancia fundamental si se aspira al diseño de políticas sólida y científicamente efectivas, sin las cuales habrá de resentirse cualquier tentativa de desarrollo del sector cultural —y del desarrollo en general— así como de la preservación de los derechos humanos en materia de diversidad cultural y de identitarios sociales y nacionales. ≈

[1] Lluís Bonet i Agustí, Economía y cultura: Una reflexión en clave latinoamericana. Investigación realizada para la Oficina para Europa del Banco Interamericano de Desarrollo, Enero 2001.

[2] Carlos E. Guzmán Cárdenas, Innovación y competitividad de las industrias culturales y de la comunicación en Venezuela. oei, Caracas, 2001.

[3] www.buenosaires.gov.ar/observatorio